¿Educación sexual en el Colegio?
[ 15 de noviembre de 2010 ]
 
 
 

La entrada en vigor el pasado día 5 de la Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ha encendido de nuevo en nuestro país el debate sobre el aborto. Ahora bien, la indudable gravedad del eje central de la citada norma no debe relegar al olvido otras novedades introducidas en la misma que considero también de vital importancia.

Me refiero a la educación sexual de nuestros hijos en edad escolar y, sobre todo, al enfoque con el que la nueva Ley la establece. La ley impone la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo (artículo 9 y 10) pero no, como cabría esperar, desde el planteamiento objetivo, científico y carente de toda tendencia al adoctrinamiento –exigido por el Consejo de Estado en su Informe sobre el anteproyecto- sino desde un planteamiento ideológico que queda patente cuando indica, por ejemplo, que la educación habrá de realizarse con perspectiva de género (art. 5.1.e) lo que ya de por sí implica un indebido posicionamiento del Estado sobre la orientación que habrá de darse a esta formación.

Por otra parte, esta ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico una terminología ajena por completo a nuestra tradición legislativa y carente de unos contornos conceptuales definidos y claros; lo que no solo provoca la consiguiente inseguridad jurídica (advertida en el informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto), sino también la facilidad para constituir amparo de conductas abiertamente inconstitucionales y de posicionamiento claramente adoctrinadores. Cabe destacar los siguientes:
a. La referencia a la educación en valores y al enfoque integral (primer párrafo del artículo 9) dejar abierta la posibilidad de tratar expresamente aspectos morales desde ciertos puntos de vista, lo que atenta contra la exigible neutralidad de la norma.
b. El artículo 9.b) habla de aceptación de la diversidad sexual, lo que implica admitir algo como bueno. Las diversas opciones sexuales deberán –en su caso- respetarse, pero nunca imponerse un juicio favorable sobre las mismas.
c. La alusión expresa a la educación “afectivo-sexual” del artículo 10 excede a la justificación de la ley como medio para prevenir problemas de salud derivados de la práctica sexual; pues los afectos pertenecen al ámbito de la intimidad y del desarrollo de la propia personalidad, por lo que no corresponde al Estado la “educación” de los mismos.

Se trata, por tanto, de una “vuelta de tuerca” más, de pretender no sólo dar cobertura legal, sino imponer y generalizar una educación sexual ideologizada que desde hace décadas pulula a sus anchas por escuelas y colegios mediante campañas que, financiadas con el dinero de todos, “suben de tono” con la misma progresividad que baja la edad de sus destinatarios.

Los datos hablan por sí solos y nos muestran que la orientación que se da a este tema por parte de las diversas administraciones es un absoluto desastre; los abortos, los embarazos imprevistos, los contagios de enfermedades de transmisión sexual no dejan de subir año tras año; y asustan los datos de violencia machista entre los jóvenes. ¿Por qué entonces, se mantiene e impone una estrategia que se sabe condenada al fracaso? La intención de valerse del sistema educativo para imponer determinadas concepciones aparece –de nuevo- en escena.

Es admisible que los colegios complementen –nunca suplan- la labor de las familias en la educación de la sexualidad, en cuanto problema de salud; ahora bien, respetando exquisitamente las convicciones de las familias. Se trata de un tema con evidentes implicaciones morales, que incide directamente en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos y en su intimidad, lo que hace del marco familiar el idóneo para afrontarlo. Al final, doble trabajo para los padres: transmitir lo bueno y “deshacer” los enredos ajenos.

 
 
 
     
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